MANUEL J. BUSTAMANTE DE LA FUENTE (1889-1978)
El abogado y político arequipeño, diputado por su provincia natal, intervino en los debates para la Constitución de 1933, en especial en lo referente a la reforma del Poder Legislativo. Bustamante, que había sido deportado por el leguiismo, formó parte del movimiento revolucionario de Arequipa. En febrero de 1931, presidió la Junta de Gobierno que se formó en aquella ciudad, pero ese mismo mes cedió su puesto a David Samanez Ocampo.
Comisión optó por un Congreso unicameral inmediato y por la creación futura de otra Cámara funcional. Aquí coincidieron apristas, algunos descentralistas y algunos representantes de la mayoría. El sector conservador optó por el mantenimiento del sistema tradicional de dos Cámaras elegidas por sufragio. Víctor Andrés Belaunde y Manuel J. Bustamante de la Fuente suscribieron un dictamen favorable para la creación inmediata de una Cámara de Diputados elegida por voto directo de los distritos electorales y un Senado emanado del sufragio gremial (bajo las condiciones que enumeraron y con representación del capital, del trabajo y de la cultura) y también por las circunscripciones a las que la Constitución otorgara autonomía económica y administrativa. Belaunde se opuso enérgicamente a la supresión del Senado. Una fórmula sustitutoria presentada por algunos miembros de la Comisión de Constitución llegó a ser aprobada solo el 1 de febrero de 1932 después de haberse dedicado largas sesiones a los fundamentos de los distintos dictámenes. Esta fórmula pasó luego a ser incorporada a la Carta Política de 1933. Implicó (al aceptar la Cámara de Diputados elegida por el voto ciudadano y el Senado funcional) una victoria para las ideas de Víctor Andrés Belaunde, orador elocuente y tenaz que, en esta como en otras discusiones, supo descender, cuando fue necesario, de la altura técnico-jurídica y a veces filosófica, al pugilato político con sus jóvenes contrincantes. Distinta del Poder Legislativo fue la idea del Congreso Económico auspiciada por Haya de la Torre durante la campaña electoral y glosada por sus partidarios en la Asamblea Constituyente, sin que al respecto llegaran a presentar entonces un proyecto concreto. Dicho Congreso, entidad de carácter temporal, debía aportar “el concurso técnico de todos los participantes de la vida económica del Perú, producción, circulación y consumo de la riqueza nacional y extranjera en el país. Por medio de un trabajo sistemático, el Congreso Económico haría la investigación realista, lejos de toda influencia política, del aparato total de nuestra economía. Clasificadas las fuentes de producción, hecha la distinción de nuestros grandes sectores de economía, el que depende del capital extranjero y el propiamente nacional, se estudiarían sus grados y formas de mutua cooperación. En orden a la producción nacional, el Congreso Económico estudiaría su verdadero radio de productividad, su posibilidad de desarrollo, lo que es y lo que puede ser nuestra producción con las necesidades del país, previa verificación, con el estudio estadístico que el mismo Congreso debería organizar, con el obligatorio concurso de todas las entidades en él representadas”. Tiene, pues, alguna relación con el Consejo de Economía Nacional tomado de la Constitución alemana de Weimar para ser incluido en el anteproyecto Villarán e incorporado en la Carta de 1933 por obra de Víctor Andrés Belaunde, sin identificarse con dicha entidad que no ha funcionado.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- En relación con la designación del presidente de la República, la mayoría de la Comisión se pronunció a favor de que ella fuese hecha por voto popular directo. Aquí personeros de la mayoría como Clemente Revilla, Gerardo Balbuena, Alfredo Herrera, Carlos Sayán Álvarez, Víctor M. Arévalo, estuvieron de acuerdo con todos los apristas, algunos descentralistas y Víctor Andrés Belaunde. Otros miembros del partido mencionado en segundo lugar acompañaron a Manuel J. Bustamante de la Fuente para plantear la elección indirecta por los fundamentos que enumeraron. El debate empezó el 1° de febrero de 1932 y duró hasta el 4 del mismo mes para terminar con la aprobación de las conclusiones del dictamen en mayoría. Los descentralistas anunciaron haber votado a favor de la elección por el Congreso. Interesa recordar que, para impedir el absolutismo presidencial, el dictamen antedicho de la mayoría enumeró los siguientes medios seguros: el control parlamentario por medio del voto de censura motivado; la diferenciación de las funciones políticas y técnicas del Gobierno entregando estas a funcionarios permanentes asesorados por Consejos de alta competencia; la economía y corrección en los gastos públicos por la institución del Contralor designado por el
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PERÍODO 8
[ CAPÍTULO 7 ]
