278 | Cristina Mazzeo
6. Los comerciantes y la financiación de la guerra contrainsurgente Durante los años de enfrentamientos bélicos en España, la Corona exigió una mayor cantidad de caudales para mantener los ejércitos en el frente. Fue entonces cuando se realizaron las mayores aportaciones por parte de los comerciantes de los grandes centros mercantiles. Además, al instalarse las Cortes de Cádiz en 1812, se buscó establecer una serie de reivindicaciones y propuestas, con la intención de obtener mayores ventajas. La abolición del tributo, la supresión del reparto y la libertad de comercio (contra la que se habían opuesto tenazmente los comerciantes) fueron algunas de las medidas tomadas.122 Entre estas concesiones, se proyectó conceder el “comercio libre” a Inglaterra por un número determinado de años y bajo ciertas regulaciones. Esta decisión sería provechosa para ambas partes: por un lado, Inglaterra lograría vender sus productos; América exportaría los suyos; y España incrementaría sus beneficios económicos, al ampliar la capacidad naviera notoriamente disminuida luego de Trafalgar.123 Era necesario encontrar una política que solucionara los urgentes problemas de la Península. Si bien muchas de estas disposiciones quedaron sin efecto con el retorno de Fernando VII al trono español en 1814, la necesidad de mantener la remisión de los recursos a España siguió existiendo y, en tal sentido, las embarcaciones extranjeras se mantuvieron como las principales navieras. Cuando Pezuela asumió el cargo de virrey del Perú en 1816, se encontró con la difícil situación financiera de las arcas fiscales y la imposibilidad de mantener el ejército de línea, creado para la defensa de la frontera sur y el control de las costas peruanas. En tales circunstancias, Pezuela se reunió con las agrupaciones más importantes de Lima y les informó que necesitaba como mínimo 117.000 pesos mensuales para cubrir los gastos de las tropas, aunque solicitó 200.000 pesos para mantener el ejército. La Junta de Comercio de 1818 discutió el tema y concluyó que el Virrey debía organizar una comisión con los miembros más destacados de la sociedad. De esta manera, se originó la Junta Permanente de Arbitrios que se encargaría de hacer efectiva la recaudación de los 200.000 pesos; sin embargo, mientras esta junta discutía la posibilidad de aplicar el comercio libre, el Consulado de Comercio se manifestó en contra de su aceptación. Dicha junta estaba conformada por ocho miembros, entre los cuales se encontraban las personas más connotadas del país: el Arzobispo; el intendente de Lima; el regente del Cusco, Manuel Pardo; el intendente de Arequipa; el oidor de Charcas; el Procurador general José Manuel Azcona, el rector de la Universidad y Antonio Álvarez del Villar, quien actuaba como 122. Chust Calero 2003. 123. Costeloe 1981: 217-229.
