Parte II. Valoración de la ley de víctimas y restitución de tierras (respuesta al Auto 411 de 2019 de la Corte Constitucional)
cativos «se encuentra pendiente de ser aprobado por parte del Gobierno Nacional» (Informe Anual, 2019, p. 209), en tanto que el Informe Anual de 2018 reportaba que un protocolo para prevenir dicha utilización «se encuentra en revisión jurídica en los dos Ministerio [Educación y Defensa]» (Informe Anual 2018, p. 372). En cuanto a los avances reportados en materia de permanencia del personal docente en zonas de difícil acceso, en el informe de 2019, se reportan de nuevo los ya señalados en 2018 (Informe 2018, p. 372; Informe 2019, p. 209). De igual forma que en 2018, se informa que «El Ministerio de Educación Nacional se encuentra diseñando el plan de incentivos rurales y encabezando la estrategia de acompañamiento interinstitucional que permitirá materializar los objetivos de inserción y permanencia del personal docente y directivo en la zona rural del país» (Informe Anual 209, p. 210; Informe Anul 2018, p. 373). El informe no concluye, como la había hecho el de 2018, con una valoración de los bloqueos institucionales y de las prácticas inconstitucionales. A juicio de la CSPPDF, el informe sobre educación presentado en 2019 no permite hacer una valoración técnicamente sustentada de los avances en esa materia. Se presenta, como puede verse a lo largo de la exposición, información fragmentaria, o se repiten los análisis y la información presentados en el Informe Anual de 2018.
Las Preguntas del Auto 411 de 2019 Con relación al nuevo plan de desarrollo, la Sala Especial de Seguimiento, en el Auto 411 de 2019, no formula ningún requerimiento específico en materia del derecho a la educación. El Informe Anual de 2019 del Gobierno Nacional hace una breve presentación de la línea estratégica Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, incluida en el Pacto por la Equidad del PND 2018-2022, y señala que se tendrá «especial prioridad a las víctimas del conflicto afectados por el desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes» (Gobierno Nacional, Informe Anual 2019, p. 193). No se desarrolla, sin embargo, el alcance de dicha prioridad, ni se informa sobre cómo el PND 2018-2022 podría contribuir, en materia educativa, a solucionar las falencias identificadas en el Auto 373 de 2016. En el texto de la estrategia educativa del PND, tal prioridad no aparece explícitamente, ni se encuentran medidas específicas para la población desplazada, ni metas o indicadores para valorar el efecto de políticas generales sobre la situación de dicha población, que contribuyan a la superación de las prácticas inconstitucionales o de los bloqueos institucionales.
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