Indemnización Administrativa
De otra parte, como se considera en las Bases del Plan de Desarrollo bajo análisis, resulta importante «simplificar la forma de pago de la indemnización para agilizar el proceso de entrega de la indemnización en la búsqueda de una mayor eficiencia, haciendo las liquidaciones por persona para hechos directos». Específicamente, el Plan indica que la UARIV deberá implementar el sistema de priorización y recopilar masivamente la documentación de las víctimas por indemnizar para definir claramente el universo de beneficiarios. Para ello, deberá difundir e informar a las víctimas sobre su derecho a la indemnización, tarea que resulta oportuna. A este respecto, se expidió la Resolución 1049 de 2019 que constituye un avance al establecer el procedimiento de entrega de esta compensación y diseñar una metodología para la asignación de turnos. Sin embargo, no es lo suficientemente transparente, puesto que no indica el puntaje que se asignará a cada una de las variables que conforman la calificación final que se otorgará a la víctima. Finalmente, según las bases del plan en referencia, se establecerá una estrategia de acompañamiento integral que permita desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no repetición y acompañamiento psicosocial a las víctimas que se focalicen anualmente para la indemnización (DNP, 2019, p. 623). Esta intención es favorable a las víctimas siempre que los recursos empleados para llevarlas a cabo no vayan en detrimento de los pagos por indemnización administrativa.
Las Preguntas del Auto 411 En el Auto 411 de 2019, la Corte pregunta al Gobierno Nacional lo siguiente: ¿De qué manera las prioridades definidas en el PND contribuirán a la superación de las prácticas inconstitucionales y los bloqueos institucionales identificados en materia de indemnización en los Autos 373 de 2016 y 266 de 2017? Antes de comentar la respuesta del Gobierno, vale la pena señalar que la Corte destacó, entre otros problemas, los que se presentan a continuación: (a) una falta de coherencia en la política pública encaminada a indemnizar administrativamente a las víctimas, toda vez que la cantidad de recursos destinados no se corresponde con las obligaciones constitucionales definidas a nivel jurisprudencial en la materia. Esta falta de coherencia se ha traducido en una
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