Parte II. Valoración de la ley de víctimas y restitución de tierras (respuesta al Auto 411 de 2019 de la Corte Constitucional)
Del análisis presentado por el Gobierno en su informe de 2019, se destacan dos elementos que habían sido identificados con anterioridad como falencias: la necesidad de fortalecer la «capacidad de los actores institucionales y comunitarios para identificar, advertir y prevenir violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario» y la necesidad de «fortalecer la capacidad de relación y coordinación intra e interinstitucional» (Gobierno Nacional, 2009, p. 116). Para ello, el Gobierno reporta la realización de acciones en seis municipios del país, lo cual es a todas luces insuficiente. Cabe anotar que solo uno de estos municipios (Riosucio, Chocó) se encuentra en la lista de emergencias humanitarias por desplazamiento masivos en 2018 (Gobierno Nacional, 2019, tabla 23, p. 108). Una segunda actividad relacionada es el apoyo a los municipios en el diseño de planes en materia de prevención temprana, para lo cual el Gobierno Nacional apoyó once municipios, de los cuales cuatro se encontraban en la lista de emergencias humanitarias y nueve en la lista de municipios más expulsores, lo cual señala una buena focalización. No se pueden sumar, porque un municipio puede estar al mismo tiempo en las dos listas.
El Asesinato de Líderes, Lideresas y Defensores de Derechos Humanos A finales de 2018, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos realizó una visita al país. En su informe, recoge los principales avances en materia de marco jurídico e institucional y caracteriza la situación de los defensores. De este informe, la CSPPDF quiere destacar varios aspectos: en primer término, caracteriza a Colombia como «el país con mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina» y con «un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones de los derechos de las personas defensoras» (Relator Especial DD. HH., 2019). La información que trae el relator recurre a fuentes y metodologías diferentes, y destaca que la discusión sobre ellas no debe desviar la atención sobre la situación. El segundo punto que vale la pena destacar del informe es la identificación del alto grado de impunidad que caracteriza estos asesinatos. La Fiscalía informa que, de 302 casos, 33 cuentan con sentencias en firme, es decir, el 11%. El tercer aspecto es la estigmatización y criminalización de la que son objeto los defensores y defensoras, con declaraciones oficiales que «deslegitiman y exponen a las personas a mayores riesgos y violaciones.» (Relator Especial DD. HH., 2019, p. 9)
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