Parte III. Propuestas de coordinación y cooperación financiera entre el gobierno nacional y las entidades territoriales
diariedad a los programas asociados a la atención de la emergencia inmediata y supedita el apoyo nacional a que los entes territoriales demanden la atención, incluso pese a que la situación humanitaria se degrade. Y este hecho está en la base de que persistan las causas que originaron el ECI en 2004 y las limitaciones de la actual estrategia de corresponsabilidad originada en el decreto 2460 de 2015. (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 80) Citando a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV) en su sexto informe, destaca cómo «en 60 eventos (46% de 130), la UARIV no aplicó el principio de corresponsabilidad» para la atención del desplazamiento masivo, principalmente en la región del Bajo Cauca Antioqueño y el Catatumbo. (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 81). En la muestra de municipios analizados por Proyectamos S.A.S., se afirma que «de los 32 municipios examinados, 20 requirieron AHI y 17 lo obtuvieron», mientras que otros tres «a pesar de que hicieron requerimiento ex ante y ex post no recibieron apoyo» (Proyectamos S.A.S., 2019, p. 61). Adicionalmente, señalan que la forma en que se construye el indicador no permite conocer si, además de aplicar el principio de subsidiariedad, se hizo con la suficiencia requerida. Así mismo, encuentran inconsistencias en los reportes entre el municipio y la UARIV, así como en los reportes de las entidades que conforman el equipo interinstitucional que registra la corresponsabilidad de las entidades nacionales.
Indicador de concurrencia La información presentada por el informe del Gobierno Nacional es escueta. Para 2018, se informa que «del total de necesidades identificadas en el tablero PAT en las que se requería la aplicación del principio de concurrencia, se logró cubrir el 35,7% de las necesidades por todos los niveles de gobierno». Y que solo el 28,8% de los niveles con competencia se comprometieron efectivamente. Esto da por resultado un nivel de 10,3% en el indicador de concurrencia, que permite afirmar que se está aún lejos de la operatividad del principio constitucional (Gobierno Nacional, 2019, p. 28).
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